Presidencia de la República

México D.F., 26 de abril del 2011

Palabras del Dr. Alejandro Poiré durante la conferencia de prensa conjunta con la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, en torno al caso San Fernando, Tamaulipas.

Muchas gracias.

Muy buenas tardes a todas y a todos. Señora Procuradora muchas gracias por la invitación a estar en estas instalaciones.

Representantes de los medios de comunicación, muy buenas tardes.

Es necesario comenzar por subrayar y reiterar, en nombre del Gobierno Federal, nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas del condenable caso de San Fernando, Tamaulipas.

Frente a la violencia generada por los grupos delincuenciales en el estado de Tamaulipas y las limitantes que la entidad tiene en el orden municipal y estatal, el Gobierno Federal fortalece su presencia y capacidad, al tiempo que impulsa la corresponsabilidad con las autoridades locales para construir espacios de legalidad que cerquen cada vez más la operación criminal. Ante el fenómeno delictivo que se observa en algunos municipios de la entidad, la presencia federal en Tamaulipas es indispensable para contener la confrontación abierta por el control de rutas y mercados que protagonizan hoy día las organizaciones criminales de “Los Zetas” y el Golfo.

Tamaulipas está bajo el control del Estado Mexicano y enfrenta retos de seguridad, derivados de la vulnerabilidad institucional local, en comunidades claramente identificadas. A partir de ello:

Primero, existe presencia de Fuerzas Federales a solicitud de las autoridades locales con el objetivo de coadyuvarla en el cumplimiento de sus responsabilidades, en tanto estas fortalecen sus instituciones y corporaciones. El trabajo comprometido y persistente que desde un principio ha caracterizado al Ejército mexicano, la Armada de México, la Policía Federal y la Policía Federal Ministerial, así como el incremento sostenido en sus capacidades operativas y de inteligencia, han permitido identificar, localizar y capturar a quienes mayor daño han hecho a la sociedad, en tanto las corporaciones locales se depuran integralmente y adquieren las capacidades para hacer frente a su responsabilidad.

Sobre los hechos en que 72 migrantes perdieran la vida en agosto del año pasado, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México detuvo, en distintos operativos entre finales de ese mes y principios de septiembre, a ocho presuntos responsables que formaban parte del grupo criminal de “Los Zetas”, y que actualmente se encuentran sujetos a proceso.

Así como las capturas realizadas por las Fuerzas Federales en días pasados en el marco de los delitos involucrados o vinculados al hallazgo de fosas en San Fernando y que son actos delictivos distintos a los registrados en agosto. Respecto a este caso, la Procuradora Morales dará cuenta en unos momentos del importante número de personas arraigadas al día de hoy y otras acciones jurídicas que se han realizado.

Mención muy importante merece el trabajo de la Policía Federal en el estado, que ha permitido en las últimas semanas la liberación, en dos operativos distintos, de un total de 119 personas, tanto connacionales como extranjeros, privadas ilegalmente de su libertad por criminales. Entre los 6 detenidos presuntamente involucrados en la privación ilegal de la libertad de 68 de estas personas, se encuentran cuatro elementos de la policía municipal de Reynosa, mismos que ya han sido puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Entre otras detenciones recientes en la entidad se destaca:

• El aseguramiento de Jesús Agapito Treviño Pérez, alias “El Diablo”, el pasado 2 de abril por parte de la Policía Federal. Este, un presunto integrante de un grupo delictivo dedicado al plagio de personas.
• La detención, también por elementos de la Policía Federal, de Gustavo Arteaga Zaleta, alias “El 85”, el pasado 4 de marzo en Tampico. Arteaga es considerado presunto lugarteniente de la localidad de El Ébano, San Luis Potosí, para la organización criminal del Golfo y es ex policía municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas. Se le vincula además con delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión, así como tráfico de armas y de droga.

Segundo, a partir de los recientes hechos en el municipio de San Fernando, el Gobierno Federal ha incrementando el despliegue de Fuerzas Federales, mismas que se mantendrán ahí hasta detener a todos los involucrados y restablecer las condiciones de seguridad en la zona, para lo cual es indispensable que los gobiernos estatal y municipales aceleren la depuración y certificación de sus mandos. De acuerdo con información pública en manos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de febrero de 2011 Tamaulipas había evaluado con controles de confianza a menos del 25 por ciento del personal estatal de seguridad pública y procuración de justicia, tanto mandos como operativos, así como personal de gabinete.

Asimismo, el Gobierno Federal mantiene un operativo permanente en las carreteras de esta región del país; se continúa con la explotación de información de inteligencia para realizar operaciones específicas contra la delincuencia organizada; y se han redoblado los patrullajes y las revisiones en puestos de control por parte del Ejército mexicano y la Policía Federal, así como el considerable incremento de las operaciones en las costas de Tamaulipas por parte de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Tercero, desde el inicio de esta Administración se apoya con recursos federales al gobierno de Tamaulipas, así como a 10 de sus municipios, conforme a las reglas del subsidio a la seguridad municipal, para que los tamaulipecos cuenten con policías y ministerios públicos certificados, profesionalizados y equipados. A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Gobierno Federal ha entregado al gobierno estatal casi mil millones de pesos de 2008 a este año; y tan sólo para 2011, más de 200 millones de pesos estarán a disposición de las autoridades locales mediante el Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN).

La fragilidad institucional a nivel estatal y municipal conlleva consecuencias preocupantes. La colusión de elementos de las policías municipales en la comisión de delitos graves como el homicidio y el secuestro, tal como se ha observado recientemente, muestra la urgencia y el nivel de atención que exige a los tres órdenes de gobierno el reto de construir instituciones de seguridad y procuración de justicia eficientes y confiables. Este imperativo aplica también, desde luego, al orden federal. El Gobierno de la República ha procedido, con toda firmeza y así lo seguirá haciendo, contra quienes traicionen al servicio público actuando al margen de la ley.

Es indispensable también que las autoridades locales utilicen los instrumentos propios, así como las diversas herramientas y apoyos que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión han puesto a su disposición, para que sus policías trabajen para los ciudadanos y no para los delincuentes, y se pueda así poner fin a estos episodios indecibles e indignantes.

Limitar las operaciones de la delincuencia continuará siendo una prioridad del Gobierno Federal en Tamaulipas, y debe serlo también de cada uno de los funcionarios estatales y municipales que tienen obligaciones constitucionales que cumplir frente a la ciudadanía.

Palabras de la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, durante la conferencia de prensa conjunta con el Secretario Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré Romero, en torno al caso San Fernando, Tamaulipas.

Buenas tardes, amigos de los medios de comunicación.

Los lamentables hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, y el hallazgo de múltiples fosas clandestinas, demuestra sin duda alguna el perfil despiadado y la ambición sin límite que caracterizan a las organizaciones delictivas en su búsqueda de predominio sobre rutas y mercados.

Como es de su conocimiento, el hallazgo de las diversas fosas clandestinas es producto de una investigación y de otras acciones de inteligencia del personal militar, respecto de la presencia delictiva en la zona, así como de denuncias relacionadas con la intercepción de autobuses de pasajeros por parte de grupos delictivos, para privar de la libertad a personas que tenían como destino la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

A esta fecha, derivado de las acciones de persecución y ubicación de los probables responsables de estas acciones atroces, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Armada de México, la Policía Federal y Policía Federal Ministerial, en auxilio del ministerio público, ha logrado capturar a 74 personas vinculadas con estos reprobables actos. Todas ellas, se encuentran arraigadas y, algunas han declarado su participación directa en los crímenes.

Entre los detenidos se encuentran 17 policías del Municipio de San Fernando, quienes brindaban protección y ayuda a la organización delictiva y fueron identificados por algunos de los inculpados.

También, destacan los identificados como líderes de células de la organización delictiva de “Los Zetas”, que operaban principalmente en Tamaulipas, entre los que se encuentran Esvi Leonel Batres Hernández o Esvin Leonel Batres Hernández (a) “El Gato”, Johnny Torres Andrade (a) “La Sombra” y Martín Omar Estrada de la Mora (a) “El Kilo”, y la novia de este último Saray Fabiola Díaz Arroyo (a) “La Muñeca”, es importante señalar que contra Estrada de la Mora y Fabiola Díaz, se ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos y cinco millones de pesos, respectivamente.

Todos los detenidos están sujetos a investigación por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, homicidio, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, violación a la Ley de Inhumación y Exhumación de Cuerpos y lo que resulte.

Cabe señalar que la localización de los cuerpos ha continuado y se han localizado hasta el momento 183, así como 40 fosas clandestinas ubicadas en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Desde el 2 de abril, fecha en que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación, existe una estrecha coordinación y colaboración con la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas.

De manera conjunta se han llevado a cabo múltiples estudios para la identificación de los cuerpos, como son: los protocolos de necropsia, la obtención de perfiles genéticos, dictámenes de odontología, antropología, criminalística de campo, necrodactilia, fotografía y video.

Se han entregado a sus familiares dos cadáveres, que fueron plenamente identificados. 120 cuerpos fueron trasladados de San Fernando, Tamaulipas, al Distrito Federal, en espera de la identificación y el resultado de los dictámenes periciales.

Personal de la Procuraduría General de la República ha atendido permanentemente a familiares de víctimas desaparecidas, a quienes entre otras acciones se les ha tomado muestra genética (ADN), se les ha proporcionado atención psicológica y atención de paramédicos, en algunos casos, y recabado documentos que contienen huellas dactilares de las víctimas para una mejor y más ágil identificación.

La respuesta de los resultados de las muestras de ADN se obtiene en un tiempo aproximado de tres a cuatro semanas. De resultar positivas y que se logre identificar fehacientemente el parentesco víctima-familia, la Procuraduría General de la República lo informará de manera inmediata, vía telefónica o en sus domicilios a los familiares.

Se han recibido dictámenes con resultados de ADN para compulsa de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Guanajuato, Michoacán Tamaulipas, Oaxaca, Tlaxcala, así como tres asistencias jurídicas internacionales.

Se han ejecutado cateos en cuatro domicilios, dos en Ciudad Victoria y dos en San Fernando, Tamaulipas, en busca de indicios y, como resultado de éstos, se aseguraron objetos del delito que refuerzan las investigaciones relacionadas con los hechos.

A los distintos llamados que ha efectuado la Procuraduría General de la República a las personas con familiares que se encuentren en calidad de desaparecidos o que desconozcan su paradero, pero que tengan conocimiento de que se dirigían a la frontera norte en el período aproximado del 19 al 31 de marzo de 2011, nuevamente se reitera la invitación para que denuncien ante las Delegaciones de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia en los estados, con la finalidad de recabar muestras de ADN y otras posibles, encaminadas a la identificación de las víctimas.

Cabe destacar que, entre otros hechos pero vinculados al tema de privación ilegal de la libertad, la Policía Federal logró la liberación en Reynosa, Tamaulipas, de 68 personas y puso a disposición del Ministerio Público Federal a los inculpados miembros de la organización delictiva del “Golfo”, quienes custodiaban la casa de seguridad en que las personas se encontraban privadas de su libertad. Estos presuntos delincuentes también fueron arraigados.

De estos hechos se tienen indicios de que las víctimas eran retenidas hasta que sus familiares en el extranjero pagaran entre mil y 2 mil dólares como rescate, para después liberarlos y cruzarlos de manera ilegal a los Estados Unidos de América.

Asimismo, se logró el aseguramiento de cuatro policías municipales vinculados con estos hechos, los cuales se encuentran en espera de que se resuelva su situación jurídica.

Adicionalmente, personal de la Secretaría de la Defensa detuvo a dos integrantes de la organización criminal del “Golfo”, que mantenían secuestradas en Tampico a tres personas de origen centroamericano, se logró detener a quien cobraba los rescates, así como a otros servidores públicos involucrados. Los inculpados ya se encuentran arraigados.

Con base en las líneas de trabajo surgidas de las diligencias ministeriales a cargo de la SIEDO y con el apoyo pericial, las investigaciones continúan. Es así, como la Procuraduría General de la República refrenda su compromiso con la sociedad de continuar con las investigaciones y poner a disposición de la autoridad judicial a los probables responsables, y mantener informada a la opinión pública de los avances de las investigaciones.

Sólo con esfuerzo, dedicación y trabajo coordinado vamos a alcanzar la seguridad auténtica que nuestra sociedad reclama y merece.