Ciudad de México, 24 de agosto del 2011
Señor Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados.
Señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Ministro Pardo Rebolledo.
Señor ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia, don Mariano Azuela.
Muy apreciables Ministros.
Muy estimadas, muy estimados Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bienvenidos.
Muy estimado maestro Jorge Enrique Dávila Flores, Presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio.
Señoras y señores Presidentes y representantes de Asociaciones, Barras y Colegios de Abogados.
Muy estimadas, muy estimados académicos, investigadores, líderes de opinión.
Muy apreciables colaboradores: Secretarios, Procuradora, Consejero, del Gobierno Federal.
Muy distinguidos invitados especiales.
Señoras y señores:
Me es muy grato el estar con ustedes aquí, en la Residencia Oficial de Los Pinos, para este acto solemne, con el cual celebramos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Y lo hacemos, además, en el marco de esta muy importante XX Reunión Nacional y IV Congreso Internacional de Magistrados. Y lo hacemos, además, para celebrar los primeros 75 años de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, que dio pie a la creación del Tribunal.
Este aniversario, señoras y señores, es en buena parte símbolo del esfuerzo que las mexicanas y los mexicanos realizamos todos los días para construir un México de leyes y de instituciones.
Un México de certeza jurídica, de protección de los derechos de los mexicanos. Un México, además, que fundado en el orden que sólo la ley puede proveer, pueda aspirar al desarrollo humano e integral pleno, con crecimiento económico, con inversión, generación de empleos y con equidad.
Hoy, celebramos 75 años de una historia que ha sido fructífera. Una historia que ha implicado velar porque exista una relación justa, una relación sana entre los ciudadanos y las autoridades Federales. 75 años del desarrollo y consolidación de un órgano autónomo e independiente, que desempeña su labor con imparcialidad y estricto apego a la ley. 75 años de una institución fuerte, que ha encontrado en el cambio y en la renovación, también, el camino para adaptarse a las cambiantes necesidades de la sociedad.
Una cosa, además, me queda clara, y me parece que es sabida en el Foro mexicano, en la sociedad, entre las empresas, entre los litigantes: cuando un ciudadano o una empresa litiga en contra del Estado, en muchas materias pero, en particular, en materia fiscal y administrativa, sabe que la justicia decidirá. Sabe perfectamente que habrá un juicio intenso, pero habrá un juicio justo. Sabe que la decisión depende, fundamentalmente, del criterio del o los juzgadores, más que de un acto arbitrario de la autoridad.
Así que, quiero felicitar a todas y a todos quienes hoy integran el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, desde luego, al Poder Judicial de la Federación, que en sus actos enmarcados en la Constitución revisa a la vez los actos del propio Tribunal, porque, finalmente, esta historia ha sido posible, y porque la capacidad y el profesionalismo de los Magistrados son una muestra del compromiso que tienen y que tenemos muchos, afirmo, con la legalidad y con el Estado de Derecho.
Me da mucho gusto, además, que la celebración que hoy realizamos venga acompañada de un acto muy relevante para la administración de justicia en México, para la Administración Pública en sí, que es la puesta en marcha de los juicios en línea. Un cambio, verdaderamente, estructural, que fortalecerá aún más al Tribunal y, sobre todo, ofrecerá una nueva plataforma para garantizar el acceso efectivo de los mexicanos a la justicia.
Por mucho tiempo, acudir a las instituciones de impartición de justicia ha representado la pérdida, no digo de horas, de días, de meses, de años, la indignación de no recibir el trato justo que se merece, el padecer voluntaria o involuntariamente humillaciones, malos tratos.
Ha sido, también, para los propios servidores públicos, Magistrados y subordinados de Magistrados, una pesadísima carga el poder llevar adelante un juicio, un procedimiento sobre la pauta de incontables volúmenes de hojas, de copias, de expedientes, que han sido una causa de enorme fatiga y de una muy difícil eficiencia en la impartición de justicia.
Con el juicio en línea, que hoy formalmente arranca, se genera para los ciudadanos un principio concreto o un principio que concretiza la expeditez de la justicia. Un principio, un método, técnico, científico, que utilizando la tecnología moderna, permitirá, verdaderamente, que la justicia sea pronta y expedita.
El retraso que por el volumen, por el número de expedientes y por el manejo de los expedientes en sí, representa la impartición de justicia en el papeleo tradicional, ha ido generando una afrenta en muchos casos para los ciudadanos y ha minado, en buena parte, la confianza de los mexicanos en las instituciones. Ésta es una situación que todos estamos obligados a cambiar.
El Tribunal Fiscal o el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha caracterizado por ser una institución comprometida con la justicia y con una profunda vocación de servicio. De sus integrantes, incluso, han salido notables Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En estos 75 años hemos visto, también, cómo ha evolucionado en capacidad, en número y, desde luego, en el número de asuntos que se atienden en el Tribunal.
La ampliación de sus competencias, la definición clara de los procedimientos administrativos, entre otras cosas, merced al establecimiento de procesos administrativos cada vez más claros y cada vez más definidos en la ley, ha permitido que el Tribunal aumente su capacidad de servicio y amplíe la competencia de su actuar.
En particular, en la última década incrementó significativamente la carga de trabajo de sus salas. Pienso que este incremento del trabajo en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa es, también, una evidencia clara de la confianza que en el contribuyente, en el ciudadano, en el gobernado, genera el Tribunal, porque de otra suerte no acudiría el ciudadano a buscar la defensa de sus derechos y a procurar justicia, a través de este órgano de justicia.
Esta circunstancia, este incremento voluminoso de la carga de trabajo del Tribunal, hacía indispensable la búsqueda de mecanismos alternativos para que la impartición expedita de justicia se mantuviese sin afectar la calidad en las resoluciones.
Los juicios en línea son un paso importantísimo para solucionar este problema, y es digno de reconocimiento que este Tribunal apueste por las enormes ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen, para mejorar el servicio a los ciudadanos.
El juicio en línea es una solución estructural, es una solución de largo plazo que permitirá realizar impugnaciones a los actos o resoluciones administrativas, a través de una computadora con acceso a Internet, sin necesidad de la presencia física, de la presentación física de un escrito.
Sin la rigidez que muchas veces los procedimientos tradicionales implicaban a los litigantes. Sin la carga que implica el contar el número de copias, el foliarlas, el hacer todo ese ejercicio que, no cabe duda, genera, desde luego, nostalgia en quienes hemos litigado, pero tampoco cabe duda, que no genera, precisamente, la mejor manera de acelerar los juicios y los procedimientos.
Creo que seremos testigos de un cambio verdaderamente profundo en la impartición de justicia. Y creo que tarde o temprano, el juicio en línea se irá ampliando a distintos ámbitos del derecho.
Hay algunas ventajas que quiero destacar este día.
En primer lugar. Los juicios en línea aseguran una impartición de justicia mucho más sencilla, más transparente y de menor costo para los ciudadanos, con menos desgaste también para quienes trabajan en la impartición de justicia.
Con este sistema, los ciudadanos pueden acceder a sus expedientes vía electrónica; pueden actuar en ellos en tiempo real; pueden intervenir las 24 horas del día, los 365 días del año, y no tendrán que ocupar tanto tiempo en actividades presenciales en las instalaciones de las salas del Tribunal.
En segundo lugar. Obviamente, permitirá un uso más eficiente de los recursos de todos los mexicanos. Con esta medida, creo que vendrán importantes ahorros para el Tribunal. Al tratarse de trámites electrónicos se elimina el papeleo, se elimina la necesidad de servicios de mensajería, se permite incrementar la capacidad del Tribunal para resolver más casos y para dar respuesta a más mexicanos, sin necesidad de incrementar su tamaño.
Se espera pasar de las 90 mil sentencias anuales que se resuelven actualmente, incluso ahorita oí o vi una cifra aún mayor, ciento y tantas mil, a 300 mil sentencias anuales hacia el quinto año de funcionamiento de este sistema.
Simultáneamente, se va a reducir el tiempo que las autoridades impugnadas van a dedicar a los trámites administrativos y las dependencias también generarán ahorros que pueden dedicar a otras actividades sustanciales.
Yo espero, también, y aquí en presencia del Director, ya luego me dirá si es cierto o no, pero para el propio SAT implique, al Sistema de Administración Tributaria, implique un ahorro sustancial y pueda verdaderamente eficientar el uso de sus recursos.
En tercer lugar. Se hará más eficiente la resolución de los casos. Con ello se van a reducir costos innecesarios para los agentes económicos en el litigio. Se evita que existan recursos que se frenan, se congelan de una manera innecesaria, por juicios administrativos, donde nadie gana, ni el contribuyente, ni la Tesorería Pública.
En cuarto lugar. Con la implementación de este nuevo sistema va a ser posible recabar información estadística completa y actualizada sobre los casos que se presenten ante la autoridad.
Esto va a permitir algo muy importante: Saber medir de manera objetiva el desempeño de la resolución de las sentencias de este Tribunal y, en su caso, también, poder realizar los ajustes, sea legislativos, sean procedimentales para ofrecer un mucho mejor servicio.
Se trata, en suma, de un sistema que traerá grandes beneficios para los mexicanos. Y me da mucho gusto que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, una instancia que a pesar de ser del ámbito formal de validez del Poder Ejecutivo, es una instancia, su ámbito material es jurisdiccional, y cada vez más reconocida en el Foro mexicano, se coloque a la vanguardia, en el país, al poner en operación un sistema informático que permita resolver con los más avanzados conocimientos de la tecnología los casos que se le presenten.
No ha sido un proceso sencillo. Se ha requerido un gran esfuerzo, la participación de los Tres Poderes de la Unión. Se han invertido muchas horas de trabajo, de esfuerzo, para que este sistema sea una realidad.
Recuerdo, hace más de dos años, en marzo de 2009, cuando el Consejero Jurídico, me presentaba este proyecto, evidentemente muchos lo vimos con entusiasmo, pero con cierto escepticismo; yo me atrevería a decir, hasta temor.
Pero, finalmente, amigas y amigos, después de un análisis y de observar, además, el enorme trabajo que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa había hecho para adaptar sus procedimientos a la tecnología del Siglo XXI, finalmente presenté ante el Congreso de la Unión la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, también a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con lo cual buscábamos incorporar la figura del juicio en línea en nuestro sistema jurídico.
Esta iniciativa, finalmente, fue aprobada con toda responsabilidad por los Legisladores, y agradezco al Presidente de la Cámara de Diputados, además alguien me comentaba, estuvo muy involucrado y además muy empático con esta iniciativa y, finalmente, fue aprobada por los Legisladores.
Así que, quiero también reconocer en el Congreso la muestra de compromiso con el país, que ha permitido que entre, finalmente, en operación el juicio en línea.
Estoy seguro, amigas y amigos, que el sistema de juicios en línea va a ser un ejemplo a seguir para muchas otras instancias jurisdiccionales, va a representar un gran cambio en la impartición de justicia en el país, un cambio que, afirmo, será en beneficio de los ciudadanos.
Y creo que todos podremos aprender de la experiencia del Tribunal Federal, de ahora en adelante, para poder adaptar rápidamente otros procedimientos judiciales a la electrónica, también aprender de los errores que hay que subsanar, de las cosas que hay que perfeccionar y poder, verdaderamente, hacer eficiente la justicia.
No sólo la justicia. Creo que debemos acelerar, a final de cuentas, los procedimientos en línea en toda la Administración Pública, tanto Federal como local.
Celebro, amigas y amigos, que el Tribunal esté dando un paso tan importante hacia la transparencia, un paso tan importante hacia la eficiencia, con este novedoso sistema de los juicios en línea.
Yo quiero invitarlos a todos a que pongan su mayor esfuerzo para que la implementación sea exitosa. A la vez, me comprometo, a nombre de la Administración Pública Federal, de también poner todo lo que esté de nuestra parte para que ello sea posible, y que se siga trabajando en el Tribunal y en toda la Administración Pública con la misma responsabilidad y profesionalismo que les está caracterizando.
Quiero hacer una reflexión final, no tanto ya referida a los juzgadores del ámbito fiscal y administrativo, a los integrantes del Tribunal y, también, a los participantes de esta Reunión Nacional e Internacional, este Congreso Internacional, sino a los juzgadores en general, y en general a todos los que tenemos que ver, de una manera u otra con la noble labor de procurar o de impartir justicia.
En una sociedad amenazada por la criminalidad, como la nuestra, entre las peores afrentas que sufre el ciudadano está la impunidad. El hecho de que quien infringe la ley o comete un delito no recibe, por cualquier razón, el castigo o la sanción que se merece.
Debemos empeñarnos en erradicar la impunidad, porque es una de las principales causas de erosión del Estado del Derecho y es, también, una fuente permanente de crecimiento del delito y del rompimiento de la legalidad. Erradicar la impunidad, y con todo nuestro empeño.
Sé que todos tenemos responsabilidad en ello. Que una buena parte de la tarea de erradicar la impunidad depende del Poder Ejecutivo en sus distintos ámbitos, precisamente, a través de las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel Federal, a nivel estatal, a nivel municipal, porque, a final de cuentas, la seguridad pública es una materia, es una función pública, es una tarea que la Constitución asigna en corresponsabilidad a los tres órdenes de Gobierno.
De los órganos encargados de la procuración de justicia, que deben velar siempre por ella, y deben cuidar, a la vez, de los órganos encargados de la seguridad pública por su propia integridad y honorabilidad, amén de la eficacia que la procuración de justicia debe, precisamente, imponer en cada uno de los procedimientos que lleva para, precisamente, fincar responsabilidad a un infractor de la ley.
Al Poder Legislativo también corresponde esta tarea, precisamente, bajo la corrección del marco legal que permita, precisamente, cerrar aquellas fisuras que permiten la impunidad en la legislación actual. O bien, adaptar el marco jurídico a las condiciones siempre cambiantes de la sociedad.
Al actuar siempre cambiante de la criminalidad, que incurre en actos gravosos para la sociedad, que probablemente no estén contenidos en la legislación; que, en consecuencia, no sean delitos, pero que son casos, precisamente, de agravio que deben ser considerados legislativamente.
Y también toca al Poder Judicial trabajar intensamente en materia de combate a la impunidad. Salvaguardar, desde luego, la integridad de todos sus integrantes, no sólo de los Ministros de la Suprema Corte que, además, está fuera de toda duda, sino de todos los jueces, de todos los Magistrados, a nivel Federal y a nivel local. Y sobre todo, que pensemos desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde el Judicial, en cómo cerrar la brecha que existe entre la verdad real y la verdad legal, la verdad formal.
Una brecha que, a mi juicio, cada día se ensancha más, y que a final de cuentas el ciudadano, que vive la verdad real, la impunidad que siente, es, precisamente, respecto de esa verdad.
De manera tal, amigas y amigos, que hoy en este Congreso Internacional de Magistrados, que hoy inicia y que agradezco mucho la oportunidad de formalmente inaugurarlo, en esta XX Reunión Nacional de Magistrados también, hago un exhorto a que los poderes públicos en los distintos órdenes de Gobierno hagamos un esfuerzo verdaderamente profundo para cerrar la impunidad, que lacera y agravia al ciudadano.
Yo estoy seguro de que las jornadas por venir, tanto en esta XX Reunión Nacional, como en este IV Congreso Internacional, serán muy fructíferas y que los debates que tendrán lugar en el marco de este evento enriquecerán el trabajo que todos ustedes realizan día con día.
Pienso, precisamente, que en esa reflexión serena y en el intercambio de experiencias, habremos de ganar todos, porque se ampliará y profundizará la noble tarea de impartir justicia, particularmente en materias tan sensibles para el ciudadano, como es la materia fiscal y la materia administrativa, las materias que tienen que ver con el Gobierno en sus tareas de cada día.
Confío en que la participación de expertos internacionales que asisten a este foro abrirá nuevos horizontes que permitan seguir avanzando en un sistema de administración de justicia fiscal y administrativa, cada vez más fuerte, que haga también a nuestro país un México cada vez más fuerte.
Y si me permiten, les quiero pedir que me acompañen para hacer la Declaratoria Inaugural.
Hoy, 24 de agosto de 2011, siendo las nueve horas con 14 minutos, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la XX Reunión Nacional y del IV Congreso Internacional de Magistrados, en el marco del 75 Aniversario del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Enhorabuena, y mucho éxito en esta Reunión.