Presidencia de la República

Video completo del evento

Ciudad de México, 9 de diciembre del 2011

Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Muy estimado Federico Fleischmann, Premio Nacional de Derechos Humanos 2011.

Apreciada Vanessa Michelle López García, galardonada con una mención especial por parte de la Comisión.

Senador Sergio Álvarez Mata, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y del Jurado de este Premio.

Muy distinguidos miembros integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Muy estimados servidores públicos de la propia Comisión.

Señoras y señores Legisladores.

Distinguidos invitados especiales.

Señoras y señores:

Es un honor que agradezco el poder participar en esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y, en particular, entregar el Premio Nacional 2011.

Es una gran satisfacción, además, que, muy merecidamente, sea nuestro querido amigo, Federico Fleischmann, quien reciba este alto reconocimiento.

Quiero reconocer, también, a Vanessa López García quien hoy recibe la mención honorífica por su destacada labor en la promoción de los derechos de las niñas y los niños.

Federico es un gran hombre, admirado, comprometido, respetado, con su lucha, con su pasión, con su testimonio, con su sentido del humor nos ha hecho ver a muchos los problemas de discriminación, de marginación, de injusticia que sufren día con día en nuestro México las personas con discapacidad.

Yo quisiera pedirle a la familia, por cierto de Federico, a la numerosa prole que mencionó, si están, si se pueden poner de pie, por favor, para darles un aplauso.

Muchas gracias.

Felicidades a todos, también el Premio es de ustedes, especialmente, de todos, sus mamás, de sus hijos, de sus nietos, en fin, de su esposa, desde luego.

Felicidades.

En efecto. La organización que fundó Federico, él con otras mexicanas y otros mexicanos muy comprometidos, Libre Acceso, nos recuerda que la libertad no consiste nada más en el eliminar las barreras físicas, sino también, las terribles barreras culturales que nos imponen estereotipos y prejuicios y que impiden a las personas con discapacidad acceder a una vida digna.

He dicho y reitero, estimado Federico, que las personas como tú nos están curando a los mexicanos de una gran discapacidad, y que es la discapacidad, la ceguera que nos impide ver, que nos impide entender que superar los obstáculos que rodean a las personas con discapacidad no es un asunto exclusivamente de las personas con discapacidad. Es un asunto que nos compete a todos por estrictas razones de justicia, en tanto que todos somos iguales en esencia y en derecho.

Y, por supuesto, que tienes toda la razón en reprocharnos, muy elegantemente, además, a todos, esta inaceptable partida que fue otorgada a la Comisión para atender la discapacidad y, por supuesto, que en lo que esté de mi parte haremos todo lo que legalmente nos permita hacer, que tampoco es mucho, pero haremos todo lo que esté de nuestra parte para rectificar esta irresponsabilidad en la decisión del Presupuesto de Egresos.

Desafortunadamente, los mecanismos que tenemos para discutir el presupuesto todavía siguen asignando las mayores proporciones, y en cifras de miles de millones, a quienes tienen mucho más poder político dentro de los partidos y dentro de la Cámara de Diputados, que a los sectores.

Y no hay, y esto es una prueba palmaria de ello, una adecuada jerarquización, ni siquiera de las prioridades que en el propio Congreso se establecen, como fue el caso de la ley. Pero, por supuesto, tendremos que hacer muchas, muchas cosas al respecto.

Yo aquí quiero pedir, también, la colaboración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siempre atenta a este tema y a todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos, para que la Comisión nos ayude, en cumplimiento de lo que la propia Convención que hemos suscrito de Naciones Unidas, de establecer un órgano, en nuestro caso es la propia CONADIS, pero un órgano que sea independiente del Gobierno, independiente del Congreso para vigilar, promover y supervisar, precisamente, la aplicación de la Convención para Personas con Discapacidad.

Y le quiero pedir, doctor Plascencia, que ojalá, y le agradezco porque sé que hay una gran disposición, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos ayude, y sea, precisamente, este órgano que tiene, además, mucho mayores, vaya, varias veces más recursos y capacidad y experiencia que la propia CONADIS, en esta tarea de supervisión de derechos humanos, la que nos ayude, precisamente, a supervisar y a cumplir las obligaciones del Estado mexicano en materia de la Convención de Personas con Discapacidad.

Hoy, reitero, también, que, efectivamente, fue hace ya muchos años, yo creo que desde los meros meses de la inauguración de Libre Acceso, en que Federico y otros amigos de Libre Acceso, algunos aquí, presentes; Ema Acosta, que no veo, pero que a quienes, también, quiero mucho. Que me invitaron, efectivamente.

Y les estoy enormemente agradecido, porque me hicieron conocer una realidad que yo no conocía y que no había visto. Tengo mi diploma de miembro honorario de Libre Acceso, y lo he guardado con mucho cariño y con mucho orgullo.

Efectivamente, ya son 21 años, y empezamos juntos, me querido Federico, en eso tiene toda la razón. Por eso, me alegra tanto que tu perseverancia y tu esfuerzo que ha cambiado, estoy seguro, la vida de muchas personas con discapacidad en México, hoy, sea en parte reconocida a través de este Premio Nacional de los Derechos Humanos.

Pienso que dado que, por estrictas razones de justicia, el liberar los obstáculos físicos y culturales que impiden a las personas con discapacidad vivir una vida plena, nos compete a todos. Por esa razón, también, como ya se ha dicho aquí, promulgamos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que nos obliga a buscar, precisamente, un desarrollo integral y de inclusión plena en la vida económica, política y social de nuestras comunidades.

Quiero destacar, también, aquí el trabajo que realiza, entre otros, el DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que ofrece atención terapéutica a personas con discapacidad, que está fomentando la formación de personal especializado, que tiene sus centros de rehabilitación, también.

La labor que, también, realiza la sociedad civil, a través de instituciones como el propio Teletón. El esfuerzo que hace la Secretaría de Salud, que el próximo año, tal como lo anuncié, construirá un nuevo Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad en el Hospital General de México, que estamos reconstruyendo, totalmente, en todas esas secciones que tenían muchos, muchos años, de no recibir la modernización e infraestructura que hacía falta.

Hoy, yo quiero, también, amigas y amigos, como ya lo comentó el propio Federico, y agradezco, que el día de ayer, precisamente, publiqué en el Diario Oficial de la Federación, el retiro de la Declaración Interpretativa que había formulado México a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disparidad, y su Protocolo Facultativo. Reserva que, finalmente, hacía o nos hacía incurrir a todos en otro acto de discriminación hacia personas con discapacidad.

De tal manera, que hoy ya podemos decir que cumplimos, por lo menos, esa parte que habíamos comentado, aquí mismo.

Amigas y amigos:

La protección y defensa de los derechos humanos es un principio de toda acción del Gobierno Federal. Y por eso, estamos trabajando para eliminar grandes males que, todavía, sufren sectores marginados y discriminados en nuestra sociedad.

Y por ello, no es casual que sea durante esta Administración en la que se hayan concretado reformas tan importantes, tan trascendentales, como la propia Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, con la que, entre otras cosas, se ha elevado a rango constitucional todos los derechos humanos contenidos en todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por México.

No es casual que se haya aprobado, precisamente ahora, la Ley de Amparo, que extiende la protección de la justicia Federal, no sólo al que se ampara, no sólo a quien lo solicita, sino a toda persona que se encuentre en la misma situación jurídica; es decir, la aplicación del criterio erga omnes.

También, se han realizado cambios muy importantes en nuestro sistema de justicia, con una  perspectiva de derechos humanos. Hace tiempo, por ejemplo, que la declaración de una persona realizada mediante coacción, tortura o sin la presencia del Ministerio Público o sin el ejercicio del derecho a la asistencia legal, se considera totalmente inválida, para efectos procedimentales y legales.

Y, también, que se aprobó una reforma constitucional de gran trascendencia, que no permite transitar de un sistema inquisitorial a uno acusatorio y presencial, con juicios orales, juicios públicos y procesos simplificados.

Éstas y otras reformas que se han realizado durante esta Administración, como, por ejemplo, las nuevas leyes, tanto de Migración, como la Ley de Refugiados, constituyen, en su conjunto, la más grande ampliación de libertades y de garantías que se haya realizado en México en la historia contemporánea.

Y estamos trabajando, también, para combatir otro gran mal, quizá la principal amenaza a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho, a la vida, a la seguridad y al patrimonio de las personas, que es la delincuencia y la terrible violencia que ésta provoca.

Como sabemos, amigas y amigos, México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes, tanto del orden común, como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.

Ante la petición, ante el verdadero clamor de ayuda, expresado por ciudadanas y ciudadanos de varias partes del país, que sufren, precisamente, esta situación de delincuencia y violencia en algunas regiones de México, y ante la petición explícita de sus autoridades; el Gobierno de la República ordenó que se apoyará a esas autoridades y se combatiera, precisamente, a la delincuencia y a su violencia, con estricto apego a la ley.

Yo quiero decir y reiterar, amigas y amigos, que en tales acciones, las Fuerzas Federales asumen sus deberes constitucionales y legales. Señaladamente, la de cumplir y hacer cumplir la ley que es la primera obligación de todo gobernante, y que se protesta constitucionalmente, la de preservar la seguridad interior del país, que la Constitución establece explícitamente para las Fuerzas Armadas, bajo la conducción del Ejecutivo; la de coadyuvar en el establecimiento de la seguridad pública; que está establecido en el Capítulo de Garantías Individuales, hoy de Derechos Personales de la Constitución, y la de apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos que se cometen.

Y que estas Fuerzas Federales han actuado bajo órdenes explícitas, también, de conducirse con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales de todas las personas y a los derechos humanos de todas las personas.

Desafortunadamente, es cierto, se han dado casos de actos violatorios a los derechos humanos. Sin embargo, en todos los casos en los que se ha tenido conocimiento de tales hechos, el Gobierno mexicano no solo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los autores de los mismos ante los tribunales competentes.

Tales violaciones, por supuesto, que son inadmisibles, por supuesto, que son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, pero no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos son resultado de una política institucional.

El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos y el Gobierno Federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces puedan cumplir con su deber.

En México existe una política de Estado y esta es para garantizar los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, señor Presidente, señores Comisionados, quiero decirles que tengo plena conciencia y que sabemos de la importancia y de la seriedad de este tema y del énfasis que ha puesto la propia Comisión, que ha puesto en él mismo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por eso, el domingo pasado anuncié que en la estrategia de seguridad entraríamos ahora en una nueva etapa, y en esta nueva etapa iremos, entre varios aspectos, iremos mucho más a fondo en la protección de los derechos humanos y en garantizar que todas las autoridades los protejamos y los fomentemos.

Y, desde luego, vamos a acelerar el paso en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en todos los niveles y, particularmente, en el orden local.

Como parte del compromiso indeclinable del Gobierno Federal con los derechos humanos, vamos a desarrollar políticas públicas más eficaces. Vamos a mejorar el marco normativo para la protección y defensa de los derechos humanos de las personas.

Y por eso, amigas y amigos, en un día tan significativo, me permito anunciar a todos ustedes que avanzaremos en siete grandes frentes en esta materia:

Primero. Nos aseguraremos de que la participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República, en la lucha por la seguridad de los mexicanos, se dé en todo momento y se siga dando con apego a la legalidad y a los derechos humanos.

Por ello, pondremos muy especial énfasis y atención en las directivas de tales dependencias, para el uso legítimo de la fuerza, en relación con detenciones y puestas a disposición de la autoridad, sea Ministerio Público o juez; en la preservación de las evidencias y la cadena de custodia en la comisión de delitos.

Y, desde luego, profundizaremos en la necesarísima capacitación permanente, y el adiestramiento de todos los servidores públicos en materia de derechos humanos que lo requieren.

Las Fuerzas Federales, insisto, tienen la instrucción de que en todos los casos remitan al Ministerio Público o al juez competente, según sea el caso, a las personas que sean detenidos, sea en flagrancia o sea en cumplimiento de un mandamiento legal.

Hoy, reitero esa instrucción y, además, instruyo a todas las Fuerzas Federales, a todas las dependencias del Gobierno Federal, a garantizar la aplicación de esta instrucción, a emitir directivas actualizadas para hacerla efectiva, y actuar en todo momento con estricto apego a tales directivas.

También, instruyo a las dependencias Federales para que hagan públicas y, de ser necesario, actualicen sus directivas y sus protocolos aplicables en el uso legítimo de la fuerza, en la observación de la cadena de custodia, en la preservación de las evidencias del delito, todas ellas indispensables para asegurar la integridad y eficacia de las investigaciones ministeriales, tal como establece el marco legal aplicable en México.

Yo quiero subrayar que, en particular, en materia de custodia y preservación de evidencias, esto ya está considerado en la iniciativa que presenté al Congreso de la Unión, de reformas al Código de Procedimientos Penales Federal, y que aún está pendiente de ser analizado y dictaminado por el Legislativo.

De la misma forma, amigas y amigos, fue la propia Secretaría de Marina la que actualizó, por ejemplo, su código o su protocolo de ejercicio y uso de la fuerza en los casos, precisamente, que éste pueda y deba utilizarla.

De la misma manera, he instruido a la Procuraduría General de la República a que redoble la capacitación y los esfuerzos para aplicar el Acuerdo en Materia de Preservación de Evidencias que, también, publicó ya desde febrero de este año, 2011, y que tiene que ser conocido y aplicado en toda la estructura de procuración de justicia a nivel Federal.

Segundo. Tengo un compromiso firme con la atención a las víctimas de la violencia y, en particular, en la búsqueda de las personas no localizadas. Quizá nada duela más, como el drama de las personas que viven la terrible experiencia de no saber el paradero de un familiar, o de un amigo, de un padre, de una hija, que ha sido privada ilegalmente de la libertad y de quien no se ha vuelto a tener conocimiento en meses o en años.

Y, por eso, es indispensable avanzar y avanzaremos en el desarrollo de varios instrumentos que ya existen, pero que requieren fortalecerse; por ejemplo, el registro del ADN de fallecidos y el registro de personas no localizadas. Se trata de instrumentos indispensables para su ubicación.

Instruyo al Secretario de Gobernación para que le dé mayor celeridad a la operación de estos instrumentos, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia y, si así lo dispone el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que con la propia Comisión de Derechos Humanos podamos hacer un equipo para, finalmente, lograr actualizar plenamente este registro de ADN de fallecidos y el registro de personas no localizadas en el país.

Aquí debemos hacer, y lo hago, un exhorto muy respetuoso a los gobiernos estales, y a las Procuraduría de Justicia estatal.

Por qué.

Porque, para el cumplimiento de ello, es necesario recordar que la obligación de inicio de averiguaciones previas, preservación de evidencias, identificación y registro de personas fallecidas o no localizadas es, en principio, de su competencia.

Tanto el homicidio como el secuestro, la privación ilegal de la libertad, tienen esa competencia local, al menos en un primer momento. Y de ahí, la importancia vital de que los Ministerios Públicos locales puedan realizar las primeras diligencias, con estricto apego a la ley, y acordes con este espíritu de avanzar en la protección de las víctimas, en su identificación y en la localización de personas desaparecidas.

Es de reconocerse, por otra parte, y quiero hacerlo, que los gobiernos de los estados, y las Procuradurías locales ya se han comprometido, recientemente, a recabar esa  información y a alimentar el registro  y la base de datos correspondiente.

También, quiero recordar, amigos, que nuestro orden jurídico ya contempla una vasta pluralidad de instrumentos para garantizar los derechos y la atención de las víctimas y ofendidos del delito.

Sin embargo, hoy, es indispensable homologar toda esa legislación, establecer criterios unificados para la atención de las víctimas y distribuir competencias, y determinar mecanismos de coordinación entre los diversos órdenes de Gobierno.

Y por eso, también, hoy anuncio que enviaré al Legislativo una iniciativa de ley en materia de derechos de las víctimas, y que buscará, precisamente, fortalecer la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia.

Tercero. El Gobierno Federal, a mi cargo, mantendrá y fortalecerá una política firme de colaboración y entendimiento con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de apertura con los organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Estamos trabajando estrechamente con la Comisión, y quiero reiterarle, señor Presidente, nuestra plena disposición para apoyar a la Comisión en el ejercicio de sus facultades constitucionales, a fin de investigar y prevenir todas las posibles violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

De la misma forma, quiero señalar la plena apertura de mi Gobierno al escrutinio de los organismos internacionales especializados en la materia. Como muestra, sólo durante este año, recibimos la visita de cinco organismos de esta naturaleza, incluyendo la Visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Yo, instruyo nuevamente a todas las dependencias del Gobierno Federal para darle cumplimiento al acuerdo que ya celebramos, un acuerdo de colaboración signado en la materia entre mi Gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos.

Cuarto, y vinculado con lo anterior. El Gobierno Federal, a mi cargo, tiene el compromiso y la convicción cabal de cumplir plenamente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Quiero señalar que México aceptó la jurisdicción de la Corte por decisión propia y por convicción. El Estado mexicano ha recibido seis sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estamos tomando las medidas para darles cabal cumplimiento, algunas de ellas referidas a hechos ocurridos en México hace casi 40 años.

Instruyo a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública, para que cada una, dentro de su ámbito de competencia, redoble los esfuerzos para dar pleno cumplimiento a dichas sentencias y resoluciones, y al Secretario de Gobernación, para que coordine ese esfuerzo y le dé seguimiento puntual a las acciones encaminadas a este objetivo.

De la misma forma, también quiero hacer un llamado a los Gobiernos estatales y municipales y a los Poderes de la Unión, para que, en un marco de corresponsabilidad, tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de estas sentencias y resoluciones.

Debemos recordar que la protección y defensa de los derechos humanos, no es una tarea u obligación exclusiva del Presidente o del Gobierno Federal; que es una tarea que nos corresponde a todos los gobernantes, de todos los órdenes de Gobierno y de todos los Poderes públicos.

Quinto. El Gobierno Federal intensificará su esfuerzo de capacitación a los servidores públicos en materia de derechos humanos, porque todos tenemos la responsabilidad no sólo de evitar que se den las violaciones, sino de participar, y participar activamente, en la promoción y defensa de tales derechos.

Sexto. El Gobierno Federal está comprometido con la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Sin embargo, lamento profundamente que ninguno de los tres órdenes de Gobierno hayamos sido capaces de contener esta escalada de agresión y de violencia en contra de activistas, de periodistas y, también, de candidatos y autoridades constitucionales.

No podemos permitir que la acción de la criminalidad limite nuestros derechos y libertades, y tampoco podemos callar al respecto. Todos debemos mirar con preocupación y todos repudiar, de manera clara y contundente, estas formas de intervención violenta de los criminales, en actores destacados de la vida pública del país.

Gobierno y sociedad tenemos que unir fuerzas, en lugar de confrontarlas, para garantizar la labor de las organizaciones sociales, y de los comunicadores, de los partidos políticos, de los propios ciudadanos en la vida pública, porque eso es fundamental para la vigencia y la supervivencia de la democracia mexicana.

Y, por ello, reitero a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública, la instrucción de que avancen en la puesta en marcha de mecanismos de protección eficaces de defensores de derechos humanos y de periodistas.

Y a las autoridades electorales pido que exploren mecanismos para la protección efectiva de candidatos y de activistas, en los procesos electorales, particularmente en los que se avecinan.

Ésta es una tarea urgente que demanda toda nuestra atención, y el Gobierno Federal así lo asume.

Y séptimo. En cumplimiento a lo establecido por la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, estamos trabajando para modernizar nuestro marco jurídico, y en acatamiento, también, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estamos impulsando tareas de armonización legislativa, que nos permita adecuar nuestro marco legal a los nuevos estándares constitucionales.

En octubre de 2010, presenté al Congreso una iniciativa que busca, entre otras modificaciones, reformar la jurisdicción y el fuero militar, para que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan delitos de desaparición forzada de personas, de violación o de tortura, sean juzgados por tribunales civiles, y no militares.

Y, recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversos criterios que amplían los alcances de la restricción a la jurisdicción militar, con base, también, en interpretaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y, por ello, he instruido al Secretario de Gobernación y al Consejero Jurídico del Ejecutivo, para que, con pleno respeto a la división de Poderes, pongan a disposición de las señoras y los señores Senadores elementos para que puedan enriquecer el proceso de dictaminación de la iniciativa, que está, precisamente, en el Senado de la República, y ajustarla a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras tanto, también, hoy anuncio que he dado una instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que exploren mecanismos para que, sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Públicos y de los jueces civiles.

Señoras y señores:

Qué duda cabe que México vive hoy una coyuntura muy compleja. Vivimos desafíos muy grandes, como la propia delincuencia, que está lastimando a las ciudadanas, a los ciudadanos, y que ponen a prueba a las instituciones del Estado.

El Gobierno Federal está haciendo frente a estos retos con determinación y con plena conciencia de que la promoción y el respeto a los derechos humanos debe ser el eje rector de nuestras acciones.

Una sociedad en la que se respetan los derechos fundamentales, es una sociedad más fuerte, que está destinada a triunfar sobre la adversidad. Pero, sobre todo, una sociedad que se construye con protagonistas y con  verdaderos héroes, que abrazan, apasionada y congruentemente, la causa de los derechos humanos, en particular de las personas con discapacidad, también es una sociedad destinada a triunfar, y es una sociedad destinada a volverse, como debe ser, una sociedad más humana.

Por eso, me congratula el que este año, el galardonado con el Premio Nacional de los Derechos Humanos sea alguien como Federico Fleischmann. Porque no sólo su esfuerzo, su lucha, ya de varias décadas en favor de las personas con discapacidad, sino su testimonio presente, su testimonio de hoy, nos inspira a todos, y nos hace no sólo tomar un aliento nuevo y renovado, sino comprometernos, aún más, con la causa de las personas con discapacidad, con quien tanta deuda tenemos en todos los aspectos, tanto Gobierno, como sociedad.

En suma, amigas y amigos:

Seguiremos trabajando con toda decisión para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Porque estamos convencidos de que ésta es la vía para construir el México justo, próspero y seguro que queremos heredar a las generaciones del mañana.

Nuevamente, muchas felicidades, Federico.

Muchas felicidades, Vanessa.

Muchas gracias a todos ustedes, por su atención.