Presidencia de la República

Proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales

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El día de ayer, 21 de septiembre, el Ejecutivo Federal puso a la consideración del Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Código Federal de Procedimientos Penales.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la República busca impulsar la transición hacia un Sistema de Justicia Penal acorde con la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio del 2008.

Como resultado de esta reforma, nuestro país ha entrado en una época de grandes transformaciones en cuanto a su sistema de justicia penal, lo que hace necesario que el marco jurídico vigente sea compatible con los requerimientos que se imponen, mismos que tendrán que verse reflejados en la confección de un procedimiento penal que traiga aparejado la observancia de las reglas del debido proceso a través del despliegue trasversal de todos y cada uno de los principios, garantías y derechos previstos por la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano y las leyes que de aquella emanen, para todos los actores del proceso.

De ahí la importancia de contar en el ámbito federal con un instrumento normativo que establezca un modelo jurídico uniforme, homogéneo, sistematizado y acorde a los postulados constitucionales que materializan el sistema acusatorio.

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Fortaleciendo las instituciones democráticas de colaboración entre poderes

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Con la reforma firmada el día de ayer por el Presidente Felipe Calderón, se modifican los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución, lográndose un importante avance democrático mediante el perfeccionamiento del proceso legislativo, además de coadyuvar a la relación de respeto y acercamiento entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

El principio de colaboración entre poderes exige contar con los mejores mecanismos institucionales que permitan una comunicación eficaz y permanente entre los diversos órganos del Estado, que aseguren la consolidación de nuestro régimen democrático pero que, al mismo tiempo, permitan la construcción de un sistema jurídico que se caracterice por el aseguramiento de certidumbre jurídica y el pleno ejercicio de los derechos.

En tal sentido, un logro significativo respecto del fortalecimiento de instituciones es el replanteamiento constitucional de la figura de emisión de observaciones por parte del Ejecutivo a Proyectos de Decreto aprobados por el Poder Legislativo.

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Argumentos para un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso

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Comparto en este video algunas reflexiones sobre los temas pendientes de discusión y aprobación en el Congreso y que son de gran relevancia para la vida política del país.

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Los derechos humanos a la Constitución y la democracia a los ciudadanos

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Estas reformas constituyen un avance de la mayor trascendencia para la cultura de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos en nuestro país.

El Presidente Felipe Calderón ha promulgado una serie de reformas a la Constitución que obligan a todas las autoridades del Estado Mexicano a respetar y proteger a los derechos humanos de cada una de las personas que habitan este país.

Con la incorporación de la obligación a favor de los derechos humanos en el artículo 1° de la Constitución, no sólo se busca generar una cultura en torno a este tema primordial para las democracias en el mundo, sino que motiva a que cualquier autoridad (no sólo las jurisdiccionales) actúe garantizando en todo momento los derechos fundamentales de los seres humanos.

Estas reformas promulgadas por el Presidente Felipe Calderón, son el resultado de un importante trabajo conjunto de servidores públicos del Poder Ejecutivo y de legisladores de los diferentes grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, y constituyen un avance de la mayor trascendencia para la cultura de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos en nuestro país.
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Reformas a la Ley de Amparo

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Conoce los aspectos más destacados de estas reformas.

La reciente reforma constitucional en materia de amparo, promulgada por el Presidente Felipe Calderón, es el resultado de una ardua labor en la que participaron connotados juristas y académicos, legisladores de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, miembros del Poder Judicial Federal y las dependencias de la Administración Pública Federal. Destacan los siguientes aspectos:

Primero.- Se armoniza el orden jurídico nacional al derecho internacional, ampliando el ámbito de protección de nuestro juicio de amparo a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Segundo.- Se matiza el principio de relatividad de las sentencias de amparo incorporando a su regulación la figura de las declaratorias generales de inconstitucionalidad, las cuales podrán ser emitidas por mayoría calificada de los ministros de la Suprema Corte. Con esta adición, no sólo se reconoce la importantísima función que de guardián del texto constitucional posee nuestro Alto Tribunal, sino que además, se conseguirá que el principio de relatividad pague la deuda que desde mucho tiempo atrás había contraído con los principios de igualdad y de supremacía constitucional.

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Hacia la inclusión plena de las personas con discapacidad

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El objetivo primordial de la nueva ley es proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

Aprobada primero en la Cámara de Diputados con 294 votos a favor y más tarde por unanimidad en el Senado (85 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones) la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es promulgada el día de hoy por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Esta nueva Ley tiene por objeto primordial proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Con ella se armoniza el marco jurídico nacional con lo que prevé la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por el Estado Mexicano el 30 de marzo de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008.

Dentro del contenido de esta nueva norma, podemos destacar el establecimiento de obligaciones claras para las autoridades en relación con el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información.

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