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10 grandes transformaciones de México: La planeación, ejecución e institucionalización de la Política Social

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Demian Sánchez Yeskett

12 ene 2012

En los últimos 10 años, la política social en México ha experimentado su mayor transformación, convirtiéndose en una política integralmente planeada, bien focalizada, transparente, que evalúa su desempeño y rinde cuentas a la sociedad. Como resultado, la política social actual genera más y mejores oportunidades, fortalece el tejido social y contribuye a un México más seguro.

La estrategia Vivir Mejor del Gobierno Federal es una estrategia integral que no se concentra únicamente en transferencias de recursos que alivian necesidades de corto plazo -como solía ocurrir-, sino que también fomenta la inversión en capital humano, garantiza el acceso a derechos sociales y, a través de la vinculación de la política social con la económica, promueve que los mexicanos participen en actividades productivas y tengan un ingreso que les permita romper el círculo vicioso de la pobreza. Se trata de una política social que brinda a las familias mexicanas bases sólidas desde las cuales pueden construir un mejor futuro. Así, con la política social, pilar fundamental de la estrategia de seguridad, se combate la pobreza y se fortalece el tejido social para prevenir que la delincuencia permee en la sociedad.

Además, en esta administración, el gasto social se convirtió en una herramienta contracíclica. Al contrario de lo que ocurrió durante la crisis económica de 1995, cuando el gasto de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) disminuyó 51%, entre 2008 y 2010, el gasto de esta dependencia creció 39%, lo que atenuó los impactos adversos del aumento en el precio de los alimentos y de la crisis económica internacional de 2009 en el bienestar de las familias mexicanas. Gracias a las transferencias de programas como Oportunidades, 70 y Más y Empleo Temporal, se evitó que 1.7 millones de personas cayeran en pobreza extrema entre 2008 y 2010 y la desigualdad en la distribución del ingreso se redujo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A fin de permitir que el ejercicio de los recursos sea transparente y garantizar la rendición de cuentas a la sociedad, llevamos más de diez años de avances en la institucionalización de la política social a nivel federal:

• 96% de los programas sociales del Gobierno Federal cuentan con Reglas de Operación claras, consistentes y públicas, lo cual evita el uso discrecional de los recursos,
• 78% tiene un padrón de beneficiarios público; de manera que todos los ciudadanos podamos conocer quién se beneficia de éstos programas, y
• 92% son evaluados sistemáticamente y los resultados de dichas evaluaciones son públicos, lo cual permite detectar áreas de oportunidad y corregir fallas de diseño de los programas.

Hoy en día, a nivel federal contamos con herramientas para evitar el uso electoral del gasto público, así como detectar y sancionar las conductas que atenten contra ese principio. Sin embargo, no sucede lo mismo en la mayoría de los gobiernos estatales y municipales. En su reciente informe sobre equidad del gasto público, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo encontró que menos de la mitad de los estados cumple con criterios de transparencia mínimos en el uso de las aportaciones federales. Por lo anterior, el Gobierno Federal ha propuesto reformas a la Ley General de Desarrollo Social que obliguen a los gobiernos locales a contar con padrones de beneficiarios, reglas de operación de los programas sociales, evaluaciones de impacto y mecanismos de blindaje electoral que eviten el intercambio de apoyos sociales por votos.

La política de desarrollo social se ha transformado en la última década, de manera que hoy protege a los que menos tienen, aborda de manera integral la problemática de la pobreza y está en un proceso de mejora continua a través de las evaluaciones de desempeño.