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Atención integral a agricultores y ganaderos para enfrentar impacto de sequía

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Francisco Javier Mayorga Castañeda

06 feb 2012

En 2011, los mexicanos hemos sido testigos de los efectos del cambio climático en diversas actividades humanas y productivas como son heladas, sequías e inundaciones.

Ante esta nueva condición, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha instrumentado políticas y programas orientados a proteger, en primer lugar, a los seres humanos y, desde luego, a preservar su patrimonio y sus capacidades productivas. En la construcción de este andamiaje institucional ha sido muy valiosa la participación de productores, legisladores, secretarios de desarrollo agropecuario, agentes financieros y de seguros,  además de institutos y centros de investigación nacionales y extranjeros.

Ante las primeras evidencias de una sequía prolongada en los estados de Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, la respuesta del Gobierno Federal a este fenómeno ha sido oportuna y responsable, a través de una estrategia de atención integral que arrancó en 2011 y que implicó una inversión superior a  cinco mil millones de pesos operados por la SHCP, SEDESOL, SCT, SEMARNAT, CONAGUA, y la secretaria de  Agricultura, entre otras dependencia federales.

Como lo han visto, juntos hemos construido y aplicado medidas contra el cambio climático, pero nos falta mucho por hacer.

Hoy, ante la temporada de estiaje, es necesario profundizar las medidas que nos ayuden a atender y a proteger a la población más vulnerable, adoptar medidas que salvaguarden su capacidad productiva y garantizar el abasto de alimentos a la población. El nuevo Plan Integral de Atención a la Sequía 2012, que ya pusimos en marcha, será el soporte para este  propósito.

Al 31 de enero de 2012,  la Secretaría de Agricultura pagó 587 millones 292 mil pesos de los programas de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) y del Componente de Energéticos Agropecuarios comprometidos por el Gobierno de la República para atender a productores de las 19 entidades federativas con declaratoria de sequías.

De estos recursos, el 45 por ciento corresponden a las cinco entidades que presentan sequía extrema: Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Con ello, damos cumplimiento al compromiso del Presidente de la República de cubrir estos pagos a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía.

Por último, hemos firmado hoy con el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, el primer convenio de coordinación de concurrencia 2012 por un monto de 428.6 millones de pesos para atender los rubros de sustentabilidad de los recursos naturales, sanidad, seguridad alimentaria, infraestructura, capacitación e innovación tecnológica. Estos recursos permitirán atender los proyectos productivos de ganaderos y agricultores en la entidad.

Dentro de este plan Interinstitucional de Atención a la Sequía 2012  las entidades federativas cuentan con tres vías complementarias entre sí  para hacer llegar recursos al campo:

• Los fondos en concurrencia, a los que el Congreso asignó casi cuatro mil millones de pesos y cuyas reglas de operación permiten atender proyectos  que quedaron pendientes del  año 2011, a efecto de dar continuidad entre un ejercicio presupuestal y otro.
• Los seguros catastróficos, cuyos convenios están ya disponibles y abiertos para firma de los gobernadores hasta el 15 de marzo, y que incluyen nuevas modalidades para los  productores comerciales como  el pago de créditos bancarios para evitar caer en cartera vencida. Sumando  dos mil 600 millones de pesos federales con 500 millones estatales llegamos a  alcanzar  una suma asegurada de 24 mil millones de pesos  contra todo tipo de riesgo  climático: sequías, inundaciones, heladas, huracanes, ciclones, incluyendo terremotos y  deslaves en movimientos de tierras.
• El Fondo de Infraestructura, es un fondo nuevo que por primera vez asigna el Congreso a las entidades federativas hasta por ocho mil millones de pesos.

En este esfuerzo es importante la participación de los gobiernos estatales y las organizaciones de productores a fin de trabajar de manera conjunta en la aplicación de medidas que nos permitan sostener el desarrollo productivo del campo y con ello mantener el ingreso a las familias que dependen de esta actividad.

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