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El noveno mito: Solo se alcanzará la seguridad si se legalizan las drogas

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Alejandro Poiré Romero

08 ago 2011

En las más diversas conversaciones he escuchado la duda legítima de plantearse si la única solución efectiva para reducir la violencia, es la legalización de las drogas.

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Tema que por cierto también se discute en otros países del mundo que tienen, al igual que México, desafíos relacionados con la rivalidad delincuencial y el consumo de sustancias ilícitas.

Este es un tema sumamente complejo y merece una reflexión profunda, pero debemos partir de algunas premisas básicas. Suponer que la legalización de las drogas resolvería el problema de inseguridad implicaría pensar que las bandas delincuenciales del narco hoy solamente se dedican al tráfico y distribución de drogas. La verdad es que desde hace unos veinte años o más, estas bandas empezaron, cada vez más, a incursionar en muchas otras actividades delictivas, como el secuestro, la extorsión, el robo en diversas modalidades, la trata de personas, etc. Pensar que solamente quitándoles el negocio criminal de las drogas estas organizaciones desaparecerían, ignora esta diversificación criminal que nos obliga a dar soluciones de fondo, para que paguen por los delitos cometidos, y para que esto lleve a una mayor seguridad. Es decir, hacer legal este negocio ilícito no garantiza que estos sujetos dejarían de intervenir en actividades criminales, siempre buscarán un nuevo mercado del que sacar ventaja si, en cambio, no conseguimos tener instituciones de seguridad y justicia efectivas, eficientes y, sobre todo, confiables.

Debemos reconocer que en México hemos postergado por mucho tiempo este anhelo central de todo país democrático: el que nuestras instituciones de seguridad y justicia sean confiables y trabajen verdaderamente para la población. Hechos lamentables que acontecen en algunas localidades del país nos muestran una y otra vez la necesidad, la urgencia, que tenemos en renovar a nuestras policías y ministerios públicos, particularmente los locales que tienen la responsabilidad de prevenir e investigar directamente nueve de cada diez delitos ocurridos en el país. Es tiempo que nuestros hijos vean en sus policías el rostro de la legalidad que vela por su seguridad, y no la sombra de la posible complicidad con el delincuente a la que lamentablemente se acostumbraron nuestra generación y la de nuestros padres. Si no logramos policías confiables, los criminales siempre encontrarán una nueva actividad, un nuevo mercado, una nueva manera de enriquecerse ilícitamente.

Hacer decrecer el nivel de violencia requiere de debilitar sistemáticamente a las organizaciones criminales para restringir sus redes operativas y logísticas, adecuar la ley para que la autoridad tenga mayores instrumentos contra los delincuentes, contar con instituciones locales fuertes que estén en posibilidad de asumir su responsabilidad con eficacia, así como fortalecer el tejido social. En Tijuana hemos observado los primeros frutos y, de manera más incipiente, en Ciudad Juárez comienza a reducirse el número de delitos, aunque los retos siguen siendo muchos.

El Gobierno Federal ha dicho una y otra vez que estamos abiertos a debatir el tema de la legalización de las drogas, pero teniendo en mente que el problema de la seguridad es mucho más complejo que ello. Es uno de los debates internacionales más importantes de nuestra época y México participa en él con base en su propia experiencia y con base en la revisión de casos que muestran claramente que el asumir decisiones parciales desencadena otro tipo de problemas.

Por ejemplo, en los Estados Unidos –que es el mercado de drogas más grande del mundo- una decena de estados permiten el uso medicinal de la marihuana, pero prácticamente no se debate ni se analiza el impacto que ello tiene en la distribución, producción, aplicación de la ley e incluso en la cultura del consumo de esa y otras drogas en ese país y en el mundo.

Si se tratara de legalizar la droga en México de manera aislada y sin una tendencia similar en otros países, los precios de la droga no bajarían y eso representaría un mayor ingreso para las organizaciones delictivas que operan en nuestro país. De ahí que la medida resultara no solo inútil sino peligrosa. Por eso el debate debiera ser integral y global, tomando en cuenta, desde luego, el impacto que una legalización tendría en materia de salud pública y en seguridad.

La lucha por nuestra seguridad auténtica y duradera es más grande que una política de regulación de las drogas. Abarca más dimensiones, que todos reconocemos como necesarias y en las que debemos trabajar en corresponsabilidad los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto. Será en la medida en que avancemos en las transformaciones de fondo que hemos emprendido, como verdaderamente gozaremos de comunidades donde la tranquilidad sea cotidiana.

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