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El séptimo mito: “Es una lucha con la que nadie está de acuerdo”

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Alejandro Poiré Romero

18 jul 2011

Es falso que la sociedad esté en desacuerdo con luchar de una vez por todas por que nuestra seguridad prevalezca sobre los criminales. La enorme mayoría de la población coincide en que merecemos espacios libres de violencia y temor.

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A los mexicanos nos une el anhelo de una seguridad auténtica y duradera. Desde hace ya varios años, el secuestro, la extorsión y el robo se han convertido en una preocupación recurrente. Los grupos criminales que se dedicaban en un primer momento exclusivamente al tráfico de drogas, comenzaron a diversificar sus actividades ilegales hacia estos delitos, dada la debilidad o complicidad de las policías locales. Esta situación se agravó cuando la propia rivalidad delincuencial vio en la violencia exacerbada el medio para intimidar a organizaciones delictivas contrarias, a las autoridades y a la propia sociedad.

Frente a la amenaza de los criminales, la ciudadanía exigía a sus autoridades respuestas. El hartazgo de la sociedad mexicana y su demanda por mejores condiciones de seguridad se han manifestado desde tiempo atrás. Por ejemplo, en febrero de 2001, una encuesta de opinión pública mostraba que para el 86 por ciento de los encuestados, la delincuencia y el crimen eran el principal reto que enfrentaba nuestro país; mientras que para noviembre de 2006, el 82 por ciento sostenía lo mismo. Los reclamos no se reflejaban solamente en encuestas. Todos recordamos la marcha silenciosa de junio del 2004, para demandar a las autoridades del Estado mexicano un alto permanente a los delitos que ponen en riesgo la tranquilidad de la sociedad, como el homicidio, el secuestro y la extorsión.

Es falso que la sociedad esté en desacuerdo con luchar de una vez por todas por que nuestra seguridad prevalezca sobre los criminales. La enorme mayoría de la población coincide en que merecemos espacios libres de violencia y temor. Instituciones y leyes modernas que nos den confianza en las personas que se encargan de velar por nuestra seguridad. Independientemente del estado o municipio que se trate. Desde luego, también exige a sus autoridades mejores resultados en el corto plazo y en todos los frentes. Pero es claro que el principal anhelo de la población no es que se detenga la lucha, sino que rinda mejores resultados con base en la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión.

La Administración del Presidente Felipe Calderón no ignoró la inquietud social en esta materia. Tampoco podía omitir el diagnóstico de una criminalidad expandida, precisamente porque en tiempos pasados nunca se decidió a favor de la seguridad de México. La Estrategia Nacional de Seguridad es la síntesis de un reclamo social por orientar las capacidades del Estado contra la criminalidad y la decisión firme de este Gobierno por cumplir con su primera responsabilidad de generar condiciones de mayor seguridad.

Por lo mismo, es que todos los actores políticos debemos acelerar la lucha por la seguridad. Porque ella es la respuesta a un malestar legítimo de la sociedad. Es el trabajo por renovar y fortalecer nuestras instituciones, y porque para ello es indispensable debilitar a criminales que campearon con enorme libertad durante años.  Para construir así el mejor legado para nuestros hijos: un país en donde ya sea en un parque, en la escuela o caminando por la calle, nos sintamos seguros y tranquilos. Esta lucha es la suma de esfuerzos de la sociedad civil, empresarios y autoridades federales, estatales y municipales.

Distintos líderes sociales se han unido, desde una perspectiva crítica, a la lucha por este anhelo de todos. Algunos de ellos inclusive han sido víctimas de la violencia criminal, como la señora Isabel Miranda de Wallace. Su exigencia de justicia ha sido una motivación permanente para que todas las autoridades demos cumplimiento a nuestras obligaciones.

Líderes empresariales, como el señor Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Tijuana, ha reconocido la reducción de la violencia en el municipio, como resultado de la coordinación entre gobiernos federal, estatal y municipal, así como con la sociedad civil. Como resultado de una lucha que todos, ciudadanos y autoridades, han hecho suya. De la que iniciativas sociales como “Tijuana Innovadora”  han dignificado la vida comunitaria.

Asimismo, la Cámara de Industria de Transformación (CAINTRA) y el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León (CCINLACC)  están convencidos de combatir la criminalidad, fortalecer la denuncia ciudadana y la presencia de la autoridad federal. Una de sus principales exigencias es que las corporaciones locales de seguridad aceleren sus procesos de depuración y certificación.

Por otra parte, gobernadores de distintas entidades federativas (Chihuahua y Sinaloa) reconocen que la existencia de una seguridad para todos requiere de un esfuerzo articulado. En ese sentido, han solicitado la presencia de Fuerzas Federales y piden su permanencia o fortalecimiento en auxilio a las policías estatales y municipales (Tamaulipas).

Vivir y ver crecer a nuestros hijos en comunidades tranquilas es entonces un deseo que compartimos los mexicanos. En este empeño, el Gobierno Federal es consciente de la insatisfacción de la población con los resultados en materia de seguridad en muchas localidades del país. Pero también es consciente, como el resto de los mexicanos que han vivido años con el crimen alrededor, que hubiera sido infinitamente más costoso no combatir a una criminalidad enfrentada vorazmente entre sí. Como seres humanos, repugnamos la violencia que atenta contra nuestra tranquilidad. Como autoridad, la rechazamos combatiéndola con firmeza, de la mano de la sociedad.

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