Ciudad de México

Muy estimados Secretarios, amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores.

Desde el inicio de mi mandato me comprometí a velar por el bienestar de los mexicanos.

Dije que antes de pedir sacrificios a las familias mexicanas para resolver los problemas y superar los retos que enfrentamos como Nación, era necesario que el Gobierno demostrara con acciones concretas su compromiso con el uso eficiente y transparente de los recursos que son de todos los ciudadanos.

En consecuencia con ello, una de las primeras acciones que tomé como Presidente de la República en los primeros días de mi mandato fue emitir un Decreto de Austeridad para el Poder Ejecutivo Federal.

Con ese Decreto se dispuso la reducción al mínimo de gastos de representación y comisiones oficiales, así como de servicios personales, además de revisar y mejorar los registros de recursos humanos, a fin de que todos los servidores públicos cumpliesen con sus obligaciones de eficiencia y honestidad.

Además, reduje lo sueldos netos en un 10 por ciento del Presidente de la República, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Oficiales Mayores y los Titulares de Unidad o su equivalente.

Cabe mencionar, por otra parte, que en el caso de los altos mandos, desde 2003 no se había aumentado sus salarios y no se han aumentado desde el inicio de esta Administración; antes bien, ha prevalecido la reducción salarial que establecí en el mes de diciembre de 2006.

No se trata únicamente de evitar dispendios, sino también de generar ahorros en el gasto corriente del Gobierno Federal, para destinar estos recursos a gastos sociales.

Hoy, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto emitido por el Poder Constituyente Permanente, como Titular del Poder Ejecutivo y en ejercicio de las facultades que me confiere la Carta Magna, estoy firmando el Decreto de Reforma Constitucional en materia de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Un Decreto de Reforma Constitucional que establece topes a los salarios de los servidores públicos en el país.

Expreso mi más amplio reconocimiento al Congreso de la Unión y a los Congresos Estatales por haber revisado, analizado, enriquecido y aprobado esta iniciativa.

 Hoy, México da un paso más en favor de la transparencia y la justicia, que fortalecen nuestra democracia, y evitan abusos que se habían arraigado en las prácticas administrativas del país.

El Gobierno Federal presentó, en su tiempo, la iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Remuneraciones y Topes Salariales, reafirmando nuestro compromiso de gobernar siempre bajo los principios de equidad, transparencia y honestidad en el uso del gasto público.

Esta iniciativa fue analizada tanto en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, como en los Congresos Estatales. Y hoy, después de haber sido aprobada por la mayoría que establece la Constitución, se promulga el Decreto que la hará vigente en los términos dispuestos por la propia Reforma.

Este nuevo marco normativo establece, entre otras cosas, primero, un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Asimismo, establece la prohibición de que los servidores públicos perciban un sueldo mayor al de la referencia. Se trata de que el sueldo corresponda a la responsabilidad del trabajo.

Queremos que los funcionarios cuenten con una retribución equitativa y coherente con su puesto y su función, y se eviten abusos en la ministración de las remuneraciones de los servidores.

Segundo. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, recibirán un pago adecuado por el desempeño de su función, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. El sueldo debe servir para vivir con decoro y no ser visto como un botín.

Tercero. Los Poderes de la Unión, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, así como los Órganos Constitucionales o locales autónomos, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones de sus servidores públicos.

Asimismo, todas las remuneraciones serán públicas y abiertas al escrutinio ciudadano, y deberán especificar todos los elementos que las componen. Los ciudadanos tienen derecho de saber el destino del dinero público.

En suma. Con esta Reforma logramos armonizar en todo el país la regulación de los salarios de los servidores, a fin de que no existan las disparidades que se han llegado a presentar entre las diversas regiones e, incluso, entre las autoridades estatales, municipales y la Federal.

Entre otros principios, se establece el elemental de que ningún funcionario puede obtener más remuneración que la de su superior jerárquico, y que la determinación de los tabuladores debe ser acorde a la responsabilidad en el cargo desempeñado.

Debemos evitar situaciones de franco abuso en los ingresos de los servidores públicos, que han llegado a presentarse.

Asimismo, ponemos un alto a la discrecionalidad en la fijación de los salarios y rendimos cuentas claras a la ciudadanía, que es obligación de todo Gobierno democrático.

Quiero citar, nuevamente, el pensamiento de Benito Juárez, que hoy, más que nunca, tiene plena vigencia:

Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa.

Las medidas que se están tomando, precisamente, permiten cumplir con el ideal juarista que hablaba de la honrosa medianía en la que debe vivir quien sirve a la ciudadanía.

Señalaba que no puede improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir, insisto, en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado.

Tengo la firme convicción de que quienes tenemos el privilegio y la responsabilidad de gobernar debemos regir el quehacer gubernamental bajo estrictas reglas de austeridad y eficiencia, y así lo hemos hecho desde el principio de esta Administración.

Señoras y señores de los medios de comunicación.

Hoy México enfrenta una situación compleja derivada de la crisis económica internacional, que ha tenido efectos negativos en la economía y el empleo. Sabemos del gran esfuerzo que hacen las familias mexicanas por salir adelante todos los días y dar el sustento a sus hogares, y cumplir con sus obligaciones ante esta coyuntura adversa.

De ahí que sea de la mayor importancia que las autoridades tomemos, de forma responsable y oportuna, las medidas necesarias para hacer más eficiente el uso de los recursos, que son producto del esfuerzo de los mexicanos. El Gobierno debe ser el primero en poner el ejemplo.

Por eso, hago un respetuoso llamado a los gobiernos locales para acelerar el paso en la adecuación de sus legislaciones a estas nuevas reformas y fortalecer sus sistemas de transparencia y rendición de cuentas; a reportar el monto total de las remuneraciones que perciben en el desempeño de sus cargos y a adecuarlas, precisamente, a la tabulación ordenada que, a partir de hoy, establece la Constitución General de la República.

Es responsabilidad de todas las autoridades preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y evitar prácticas de corrupción, despilfarro y malos manejos del dinero que pertenece a todos los mexicanos.

Exhorto, finalmente, a que sigamos trabajando unidos, por gobiernos más eficientes y honestos, que sirvan a los mexicanos.

Gracias por su atención.